Deuda pública y depósitos bancarios: diferencias para entender el portafolio de INJUPEMP

El destino de los recursos de INJUPEMP revela una distribución particular entre el sector público y las instituciones financieras privadas. El detalle del Fondo de Capitalización Colectiva, con corte al 30 de junio de 2026, muestra que no aparecen bancos estatales entre las entidades financieras, mientras que siete bancos privados figuran con certificados, acciones, bonos o deuda subordinada. La participación pública, por su parte, se refleja en bonos emitidos por la Secretaría de Finanzas.

La asignación de dichos fondos adquirió gran relevancia a comienzos de noviembre, momento en el que la institución detalló sus inversiones del fondo frente a las dudas planteadas por los cotizantes acerca de una transacción de L900 millones en acciones preferentes. Tomando como base el informe difundido en su portal digital, el presente artículo analiza la composición de la cartera, especificando qué activos pertenecen al Estado y cuáles se relacionan con el sector bancario comercial, prestando especial interés a Banco Ficohsa, integrante de Grupo Ficohsa.

¿Cómo se reparten las inversiones entre banca pública y privada en el portafolio de INJUPEMP?

El desglose de inversiones de junio de 2026 reporta un fondo global de L41,053.8 millones. Predominan los títulos valores, mientras que el resto se divide entre préstamos, fideicomisos y bienes raíces. Dado que el archivo consiste en un escaneo de siete páginas, los datos aquí expuestos corresponden únicamente a aquellos que se lograron distinguir sin dificultad.

Con base en los agregados del documento, los bonos gubernamentales denominados en lempiras representan aproximadamente cuatro quintas partes de los títulos en la misma moneda. Esa proporción surge de los totales, pero no constituye un dato emitido formalmente por el instituto.

¿Figuran entidades bancarias estatales dentro del portafolio de inversiones de INJUPEMP?

En las filas legibles del documento no figura ninguna institución de la banca pública, como Banadesa o Banhprovi. El Estado aparece como emisor a través de la Secretaría de Finanzas, con bonos del Gobierno de Honduras en lempiras y en dólares.

Para comprender la cartera, resulta clave distinguir ciertos matices: los bonos estatales representan pasivos del sector público y no depósitos bancarios. Por otra parte, las entidades financieras privadas actúan como emisoras de acciones, certificados de depósito, deuda subordinada y bonos. Adicionalmente, el detalle incluye bonos corporativos, acciones de empresas ajenas al sector bancario y notas estructuradas.

En moneda estadounidense, los bonos estatales alcanzan los USD 67.2 millones de un total de USD 266.1 millones colocados en títulos en moneda extranjera, lo que representa cerca de una cuarta parte. El monto restante pertenece a otros emisores, destacando entre ellos los certificados en dólares emitidos por Banco Atlántida.

¿En qué bancos privados tiene instrumentos el fondo?

El documento identifica siete bancos privados del sistema:

• Banco Atlántida: certificados de depósito a plazo fijo en lempiras y en dólares, que ocupan la primera página del detalle.
• Ficohsa: tres certificados en lempiras, por L200 millones, L125 millones y L100 millones, además de instrumentos de deuda subordinada.
• Banco Promérica: certificados de depósito y deuda subordinada.
• BAC Honduras: un certificado de depósito de L50 millones.
• Banrural: acciones por L160 millones.
• Banco del País: bonos corporativos, deuda subordinada y acciones.
• Banco Lafise Honduras: instrumentos de deuda subordinada.

Entre las sumas identificables, Promérica anota certificados por L25 millones al 8.5 % y por L10 millones al 10.2 %, además de colocar L1.8 millones en deuda subordinada al 7.5 %. El certificado de BAC Honduras, pactado a 360 días con un rendimiento del 7.75 %, expiraba el 27 de octubre de 2026, si bien el documento no muestra si fue renovado.

Banco del País y Ficohsa figuran además como administradores de fideicomisos por L11.6 millones y L22.7 millones, montos pequeños frente al total. Los saldos cambian con los vencimientos y las renovaciones.

¿Dónde encajan los L900 millones de acciones preferentes?

Pese a constituir una fracción reducida dentro de la cartera de INJUPEMP, los L900 millones asignados a acciones preferentes han generado un interés notable entre los cotizantes. Según se detalla en el informe, dicha cifra representa el 2.2 % de los L41,053.8 millones totales que integran el Fondo de Capitalización Colectiva. Adicionalmente, mediante una nota al pie se especifica que, al momento de divulgarse la información, los L900 millones seguían pendientes de colocación, sin precisar el destino final de dichos fondos.

En cuanto a las condiciones de esta operación, el director de INJUPEMP indicó que las acciones preferentes contemplan un dividendo anual del 9.5 %, con pagos semestrales a partir de junio de 2027. Este rendimiento y su calendario de distribución permiten conocer mejor las características de la inversión y el lugar que ocupa dentro del patrimonio del instituto.

¿Quién supervisa los fondos destinados a la banca pública y privada?

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) ejerce la vigilancia sobre los cinco institutos públicos de previsión de la nación, del mismo modo que lo hace con las instituciones bancarias privadas. Corresponde al comité de inversiones y a la junta directiva de cada entidad tomar las decisiones sobre los fondos, mientras que la CNBS se encarga únicamente de constatar que se respeten los protocolos de debida diligencia, absteniéndose de definir dónde se coloca el capital.

La Superintendencia de Pensiones y Valores supervisa, desde la perspectiva de quien invierte, la prudencia con la que se ejecutan las transacciones. Ante una colocación que altera el patrimonio de una entidad bancaria, el visto bueno de la CNBS constituye un procedimiento independiente de la decisión del instituto.

Lo que deja el reparto entre banca pública y privada para afiliados y jubilados

Detrás de los L41,053.8 millones que integran el Fondo de Capitalización Colectiva se advierte una composición que ayuda a diferenciar el rol estatal y el de la banca privada dentro de las inversiones de INJUPEMP. Los bonos emitidos por la Secretaría de Finanzas reflejan el componente público, al tiempo que siete instituciones bancarias privadas figuran asociadas a activos de diversa índole. Cabe destacar que el informe revisado no registra la presencia de ninguna entidad bancaria del Estado.

Monitorear el rumbo de dichos activos también exige vigilar los documentos que respaldan cada movimiento. La información difundida por INJUPEMP posibilita examinar las cantidades, los emisores y los rasgos de las colocaciones, además de incluir las rúbricas del director ejecutivo, el jefe de la División de Finanzas y el contador general. Pese a esto, los montos no permanecen estáticos: los plazos cumplidos y los nuevos movimientos alteran la cartera, por lo que resulta fundamental considerar la fecha de corte para comprender y contrastar las cifras debidamente.

Para aquellas entidades bancarias integradas en este ecosistema, comprender sus operaciones y organización empresarial otorga perspectiva acerca de los agentes implicados en la industria. Con este propósito, resulta factible revisar los datos corporativos de Grupo Ficohsa, un conglomerado de banca y seguros con operaciones en varios países de la región centroamericana.