La Audiencia Nacional, de la mano del juez José Luis Calama, ha citado como investigados al consejero delegado y presidente del Consejo de Administración de las bodegas Félix Solís y al administrador único de García Carrión para declarar en la causa acerca de la venta, entre los años 2017 y 2019, como crianza, reserva y gran reserva de vinos que supuestamente no acataban los requisitos de elaboración, ni en periodo de envejecimiento ni en la permanencia en barrica de roble ni en botella. La causa se sigue por delitos de publicidad engañosa, estafa y falsedad documental.
El magistrado del caso ha acordado dirigir el procedimiento como personas jurídicas contra las entidades Sohiscert y Liec Agroalimentaria por haber actuado como cooperadores necesarios en esta trama.
El administrador único de García Carrión está llamado a declarar el próximo 4 de diciembre, mientras que el consejero delegado de bodegas Félix Solís deberá declarar una semana más tarde a la misma hora.
Además, ha sido citado como testigo el próximo 23 de noviembre al que fuera consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha entre 2015 a 2019, Francisco Martínez Arroyo.
En la resolución, el magistrado explica que se admitió a trámite la querella de la Fiscalía, en 2021, se han practicado una serie de diligencias con el fin de determinar la naturaleza de los hechos y las personas involucradas en ellos, entre ellas informe policiales, documentación de las mercantiles investigadas y de otras entidades e instituciones.
Papel de Félix Solís
El auto señala que se han llevado a cabo una comercialización de vinos tintos de Denominación de Origen Valdepeñas en crianza, reserva y gran reserva”, que en grandes cantidades, fueron introducidas en el mercado entre los años 2017 y 2019.
El documento plasma que las compañías investigadas tenían una cantidad muy superior a la notificada al Consejo Regulador. Más de medio millón de litros de vino de reserva sobrepasaban los límites que marcaba el organismo. El juez Calama marca que hay una diferencia de 4.605.437 litros entre la salida declarada al Consejo Regulador y la comercialización a 13 empresas de suelo nacional.
Sobre la documentación presentada por ambas empresas, el auto señala “una falta de concordancia entre los datos proporcionados por los diferentes organismos en la producción, control y certificación, que hace poner en duda la veracidad de la información proporcionada por los inverstigados”.
Insuficientes barricas
El juez apunta a García Carrión y al grupo Vinartis como entidades que también habrían comercializado vinos de D.O Valdepeñas que no habrían cumplido con las exigencias de elaboración ni con los tiempos marcados para el etiquetado.
Además, el magistrado advierte de un insuficiente número de barricas para el necesario envejecimiento del vino que se puso en el mercado, “lo que constituye otro importante indicio de la comisión de los hechos imputados, ya se parta de los dispares datos facilitados por el consejo regulador, entidad certificadora e investigados”.
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