El Consejo de Ministros de Panamá ha solicitado a la Asamblea Nacional la extensión de las sesiones extraordinarias hasta el 26 de junio de 2025. Esta petición busca frenar los impactos de la Ley 468, que fue sancionada recientemente, alterando el esquema de intereses preferenciales en los préstamos hipotecarios para la compra de casas.
La regulación 468, sancionada el 24 de abril de 2025, introdujo cambios significativos en el sistema de subsidios para préstamos hipotecarios. Una de las modificaciones más destacadas es la reducción de hasta un 1% en la tasa preferencial y la inclusión del artículo 12, el cual requiere que las entidades financieras evalúen la situación económica del beneficiario entre seis y doce meses antes de que finalice el plazo del subsidio otorgado.
Estas modificaciones causaron inquietud en el ámbito bancario y entre los constructores inmobiliarios, quienes manifestaron que las nuevas normativas podrían impactar la estabilidad del mercado de hipotecas y la facilidad de acceso a la vivienda para miles de familias en Panamá. Ante estas preocupaciones, el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, aclaró que la suspensión propuesta permitiría que la Ley 3 de 1985, que no incluye la disminución del subsidio, vuelva a aplicarse de manera temporal. Esta acción tiene como finalidad facilitar la conclusión de procesos pendientes para cerca de 9,000 familias que buscan obtener una vivienda propia.
La suspensión de la Ley 468 se presentará al Legislativo a través del proyecto de ley 59-92, que será discutido en las sesiones extraordinarias. Actualmente, la Asamblea Nacional mantiene activas sesiones extraordinarias hasta el 12 de junio para la ratificación de nombramientos en distintas entidades del Estado, por lo que la inclusión de este nuevo proyecto requerirá una extensión del periodo legislativo.
La situación ha generado un debate en torno a la necesidad de equilibrar las políticas fiscales del Estado con el fomento al acceso a la vivienda. Mientras el gobierno busca evitar un aumento en la deuda pública, el sector de la construcción y las instituciones financieras enfatizan la importancia de mantener incentivos que promuevan la inversión y el desarrollo económico.
La Ley de Intereses Preferenciales ha sido una herramienta clave en el impulso del sector inmobiliario panameño durante más de cuatro décadas. Su modificación ha generado incertidumbre en el mercado, afectando la aprobación de nuevos créditos hipotecarios y la continuidad de proyectos de construcción. La suspensión temporal de la Ley 468 busca brindar un respiro al sector mientras se evalúan alternativas que permitan una reforma equilibrada y sostenible del régimen de subsidios.
En los próximos días, es posible que tanto el Ejecutivo como el Legislativo trabajen juntos para encontrar una solución que aborde las preocupaciones de las partes involucradas, garantizando que las familias en Panamá puedan obtener vivienda sin comprometer la estabilidad fiscal del país.
