El Ministerio de Transportes confía en que la Comisión Europea acepte retirar del Plan de Recuperación la propuesta inicial del Gobierno español de introducir el pago por el uso de las autovías hasta ahora gratuitas a partir de 2024. La eliminación de esa medida se ha incluido en la adenda al plan remitida a Bruselas. Los servicios del Ejecutivo comunitario siguen evaluando este punto a pesar de que la fecha límite para emitir su veredicto finalizó el pasado 6 de septiembre.
Así lo han manifestado fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en la presentación este miércoles de la reunión informal ministerial de Transporte de la Unión Europea que tendrá lugar el próximo 22 de septiembre en Barcelona. La propia ministra en funciones, Raquel Sánchez, señaló el martes que es “optimista” respecto a que la Comisión Europea acepte las “propuestas alternativas” que el Gobierno ha planteado para no introducir peajes en las autovías, como se había comprometido en la primera versión del plan nacional de recuperación.
Con motivo de su intervención para explicar las prioridades de la presidencia española ante la Comisión de Transporte del Parlamento Europeo, la ministra reiteró que “la voluntad” del Ejecutivo español es “no aplicar ningún sistema de pago por uso en las autopistas”, y remarcó que “las condiciones que se daban en el momento que se planteó esta medida no son las mismas que en la actualidad”. “Nos consta que la Comisión está analizando, nos consta que podemos compartir ese criterio y ese análisis y, desde luego, esa visión compartida nos permite ser optimistas”, afirmó.
La titular de Transportes reiteró a preguntas del eurodiputado de Ciudadanos José Ramón Bauzá sobre esta cuestión, que “no se va a implantar por parte del Gobierno de España ningún sistema de pago por uso en las carreteras”, y añadió que “nunca se ha dicho que fuera una exigencia de la Unión Europea”. Además, subrayó que este asunto “se está negociando en el marco de la adenda del plan de recuperación”, en unas conversaciones en las que Bruselas y el Gobierno están “avanzando en otras propuestas que pueden permitir el mismo objetivo sin un sistema” de peajes.
El compromiso de los peajes consta en el plan de recuperación español dentro del hito número 3, según el cual España debe crear “un mecanismo de pago por el uso de las carreteras del Estado, que comenzará a funcionar a partir de 2024, con arreglo al principio de “quien contamina paga’”, tal y como se lee el documento del plan. Este hito está vinculado, en concreto, al pago del sexto tramo del fondo de recuperación, por el que España recibiría 8.000 millones de euros.
Pero el Gobierno, en el marco de la adenda al plan de recuperación, planteó a Bruselas “una serie de propuestas alternativas”, en palabras de la ministra, que van “en la línea de reforzar muchas medidas que ya se han aplicado”, como “incentivar el transporte ferroviario” o “incentivar también el transporte público”.
Precisamente, este martes Bruselas ha publicado un informe de los avances del fondo de recuperación en todos los países del bloque y remarca que España ha solicitado modificar una serie de hitos y objetivos porque existen “circunstancias objetivas” que le impiden acometerlos, aunque sin identificar cuáles. Si la Comisión Europea aprueba el plan de recuperación revisado, España tendrá acceso a otros 84.000 millones de euros en créditos y a 10.000 millones de euros en nuevas transferencias que se sumarán a los 70.000 millones ya disponibles.
Cumbre en Barcelona
Los ministros de Transporte de la Unión Europea (UE) aprobarán este viernes en Barcelona una declaración con el compromiso político de seguir avanzando en las políticas de movilidad siempre priorizando “las necesidades de las personas”, han explicado fuentes gubernamentales. El recinto modernista de Sant Pau acogerá la reunión informal de ministros de Transporte, en el marco de la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, para la que han elegido como eje el valor de “la movilidad y el transporte como herramientas de cohesión social y territorial”.
Se espera que el texto pactado, que se llamará “Declaración de Barcelona, hable de promover “un sistema integrado de movilidad” que asegure soluciones también para los territorios con menos población, un modelo que requiere además “la colaboración de las autoridades nacionales, regionales y locales” en la llamada “Declaración de Barcelona”, han avanzado fuentes gubernamentales.
Esta semana, en la Eurocámara, la ministra Sánchez ya avanzó que en la cita de Barcelona se tratará “la movilidad y transporte como elemento clave para la cohesión territorial y social de la UE” y una “estrategia de movilidad inteligente para alcanzar una movilidad efectiva en toda la UE y también en aquellas áreas con más dificultades orográficas”. Descartó, sin embargo, que en esa reunión informal se vaya a tratar la posible implantación de un precio mínimo de billetes de avión. “No es un asunto que se vaya a tratar en el consejo informal de ministros de Barcelona. Es una propuesta de la que se oye hablar pero de la que no conocemos ningún detalle”, declaró Sánchez, que resaltó que se trataría de una propuesta “compleja por su encaje jurídico y su impacto en el sector de la aviación”.
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