domingo, abril 21

Escotet demanda a Panamá en un arbitraje ante el Ciadi por la ejecución de fianzas de obras | Economía

El grupo Banesco, propiedad de Juan Carlos Escotet, dueño de Abanca, ha presentado una demanda de arbitraje internacional contra Panamá ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones, el Ciadi, organismo dependiente del Banco Mundial. La reclamación fue registrada el pasado viernes y los demandantes son la sociedad española Banesco Holding Latinoamérica, cabecera del grupo, y la filial panameña de Banesco, según figura en la página web del Ciadi. El motivo de la disputa es la ejecución de fianzas por diversas obras, indebidamente a juicio de Banesco.

El grupo alega la violación del tratado bilateral de protección de inversiones entre España y Panamá de 1997. Clifford Chance es la firma de abogados que representa a los demandantes, mientras que Panamá se defiende a través de su Ministerio de Economía y Finanzas. La cuantía de la reclamación no ha sido hecha pública.

La activación del litigio se produce tras no llegarse a un acuerdo con el Gobierno panameño, con quien se iniciaron negociaciones hace más de nueve meses. Según fuentes conocedoras del litigio, la reclamación se debe a la ejecución de fianzas extemporáneas por parte de algunas entidades estatales como el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y el Ministerio de Educación, entre otras. Esas entidades no supervisaron sus obras a tiempo, ni activaron sus mecanismos de reclamación frente a los obligados principales, y después de cinco años han exigido coberturas vencidas.

En su demanda, Banesco alega que dichas acciones de ejecución de fianzas extemporáneas van en contra de la Ley 22 de 2006 que regula la contratación pública y pueden representar para Banesco Seguros Panamá pérdidas y gastos relevantes. Banesco Seguros está impugnando dichas ejecuciones ante las instancias administrativas y judiciales panameñas, sin que esté obteniendo por el momento el amparo esperado.

La Asociación Panameña de Aseguradores (Apadea) lleva alertando desde hace unos años de la ejecución extemporánea de fianzas de cumplimiento de contrato y de aseguramiento de anticipos vencidas hace años. También alerta de la exigencia de vigencia indefinida de los contratos de fianza y de cobros coactivos de fianzas sin aviso previo de reclamación.

Es un problema sectorial, que no afecta solo al negocio de seguros de Banesco en el país. “Esto no hará nada más que poner de manifiesto la pobre percepción de seguridad jurídica que tenemos dentro y fuera de nuestro país, razón por la cual esperamos que esta lamentable situación sea dirimida antes de incurrir en importantes gastos para el Gobierno de Panamá y la empresa privada, pero más importante aún, que nos permita restaurar la percepción del debido proceso y el respeto a nuestras leyes”, comentó hace unos meses la presidenta de Apadea, Gina Herrero, en declaraciones recogidas por la prensa local.

Apadea pone el énfasis en sus denuncias en el riesgo para la estabilidad de las empresas aseguradoras, el daño reputacional para el país y la posibilidad de perder el respaldo de las reaseguradoras internacionales que están involucradas en los casos, lo que pondría en riesgo los procesos de contrataciones públicas futuras del país.

Los arbitrajes del Canal

Para Panamá se abre un nuevo frente legal en los arbitrajes internacionales. El principal es el que está abierto por el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), en el que participa la española Sacyr, por las obras del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá. En su informe anual de 2022, Sacyr cifraba las reclamaciones en un total de 3.427 millones de dólares.

El experto independiente DFL Associate, contratado por GUPC, cifró en noviembre sus estimaciones tras analizar los diferentes casos y llegaba a la conclusión de que era “razonable esperar que se recuperen 1.824 millones de dólares, incluidas las cantidades cobradas. Hasta ese momento se habían recuperado 121 millones. La estimación del grupo Sacyr del valor recuperable de las reclamaciones presentadas por GUPC al cierre de 2022 ascendía a 446 millones de dólares, lo que representaba un 15% de las reclamaciones presentadas pendientes de resolución definitiva.

A mediados de mayo pasado, el ICC (Tribunal de arbitraje con sede en Miami, sujeto en este caso a la Ley panameña, que se rige bajo las normas de la Cámara de Comercio Internacional) emitió un laudo sobre el proceso de arbitraje de las compuertas. En él, por unanimidad, consideró que GUPC, participado en un 41,6% por Sacyr, tiene derecho a recibir 35 millones de dólares adicionales por las reclamaciones laborales a lo ya otorgado anteriormente por la junta de resolución de disputas. Sin embargo, aunque no de manera unánime, el tribunal no estimó la reclamación de GUPC por el rediseño de las compuertas de la ampliación del Canal, que el consorcio tuvo que llevar a cabo para adecuarlas al proyecto. Según el informe anual de la Autoridad del Canal de Panamá, el arbitraje de las compuertas ascendía a 639 millones de dólares.

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