La reciente aprobación de un servicio destinado a asegurar bienes, equipos y personal de una entidad pública generó interpretaciones incorrectas sobre el uso de los fondos y el alcance de las coberturas. Ante la circulación de información que atribuía a este proceso beneficios de salud para determinados grupos internos, la institución emitió una aclaración para precisar sus objetivos.
La Caja de Seguro Social (CSS) comunicó que la contratación de pólizas de seguro, validada por el Consejo de Gabinete por un total de B/.3,207,600.00, obedece a un mandato institucional enfocado en salvaguardar sus bienes, su maquinaria y sus trabajadores ante los peligros habituales de la actividad. La institución recalcó que dicha prestación se fundamenta en el marco legal actual y dista de ser un programa médico destinado a empleados, miembros de la junta directiva o altos cargos.
Contratación de pólizas de seguro busca proteger bienes y personal
De acuerdo con la información oficial, la contratación tiene como único fin brindar protección a las instalaciones, los equipos y el personal de la institución ante posibles siniestros y eventos vinculados al funcionamiento de la entidad.
Entre los peligros destacados figuran los siniestros por fuego, hurtos, percances, la pérdida de extremidades o el fallecimiento en pleno ejercicio de las tareas institucionales. Dicha precisión persigue distinguir esta clase de protección material y funcional frente a cualquier asistencia sanitaria o póliza médica destinada a los servidores públicos.
La CSS indicó que algunas publicaciones y comentarios difundidos en redes sociales han interpretado de manera errónea el alcance del servicio. Por esa razón, reiteró que los recursos aprobados se destinan a cubrir riesgos relacionados con los bienes institucionales, la operación y determinadas eventualidades que pueden afectar al personal en funciones oficiales.
De esta manera se organizan las pólizas previstas
El modelo propuesto por la entidad divide la protección entre varias clases de eventualidades, otorgando mayor protagonismo a aquellas orientadas al resguardo de bienes y recintos.
La composición informada es la siguiente:
- Incendio: 64 %.
- Equipo electrónico: 13 %.
- Automóvil: 10 %.
- Transporte de carga: 7 %.
- Rotura de maquinaria: 2 %.
- Accidentes personales: 2 %.
- Otros rubros: 2 %.
La mayor proporción corresponde a incendio, mientras que el resto se reparte entre equipos, vehículos, transporte, maquinaria, accidentes personales y otras categorías. Esta distribución, según el comunicado, responde al alcance del servicio contratado y a los riesgos que forman parte de la actividad institucional.
Marco legal que respalda el aseguramiento institucional
La entidad explicó que este proceso se encuentra contemplado en la Ley Orgánica de la institución y en el Decreto Ejecutivo No. 33 del 1 de mayo de 1996, normativa que reglamenta la contratación de pólizas de seguros en el sector público.
El decreto establece que el Estado panameño es considerado en su totalidad como un solo cliente en materia de seguros. Esta disposición facilita el acceso de las instituciones públicas a tarifas uniformes aplicables al sector público, de acuerdo con lo señalado por la CSS.
La referencia al marco normativo busca precisar que este tipo de servicio forma parte de los mecanismos previstos para resguardar bienes y operaciones de las entidades estatales.
La CSS reitera llamado a verificar la información oficial
Además de explicar el destino de las coberturas, la Caja de Seguro Social reiteró su compromiso con la transparencia y pidió a la población verificar la información relacionada con la institución antes de compartirla.
La institución aconsejó revisar sus vías oficiales ante cualquier interrogante relacionada con contrataciones, trámites administrativos o prestaciones institucionales. Dicho pronunciamiento surge tras la divulgación de información que, de acuerdo con la CSS, mostraba erróneamente la finalidad y la cobertura de la prestación.
La institución sostiene que proteger sus instalaciones, equipos y recurso humano forma parte de sus responsabilidades operativas. La cobertura aprobada se orienta a reducir la exposición frente a riesgos que pueden afectar el funcionamiento y el patrimonio institucional.
La aclaración pone el foco en la naturaleza patrimonial y operativa de la prestación, además de su solidez legal. De este modo, la CSS pretende que la población disponga de datos exactos acerca del paradero de los recursos, la índole de las protecciones y la finalidad de salvaguardar los bienes y a los trabajadores ante situaciones imprevistas derivadas de sus labores.
