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La ex primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, recibe pena de muerte

Condenan a muerte a Sheikh Hasina, ex primera ministra derrocada de Bangladesh, por crímenes contra la humanidad

La ex primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, ha sido condenada a muerte tras ser hallada culpable de crímenes de lesa humanidad relacionados con la represión de las protestas estudiantiles que provocaron el colapso de su Gobierno. La sentencia del Tribunal Internacional de Crímenes (TIC) marca un punto crítico en la historia política del país.

Un tribunal internacional de crímenes, compuesto por tres magistrados y dedicado a enjuiciar delitos de guerra y graves transgresiones a los derechos humanos en Bangladesh, dictó su fallo el lunes. Dicho veredicto estableció que Hasina fue hallada culpable de instigar y ordenar ejecuciones sumarias durante las protestas estudiantiles del año anterior. Conforme a la corte, la brutalidad ejercida por las fuerzas de seguridad bajo su dirección resultó en la pérdida de cientos de vidas y dejó a decenas de miles de heridos.

La sala judicial de Daca estalló en vítores por parte de algunos parientes de los afectados al conocerse el veredicto. Uno de los jueces declaró: “Sheikh Hasina perpetró delitos contra la humanidad debido a su instigación, sus directrices y su inacción al no aplicar sanciones”. Los togados argumentaron que había pruebas irrefutables de que la antigua jefa de gobierno había fomentado la agresión contra los estudiantes que protestaban de forma pacífica, lo que resultó en ejecuciones y represalias organizadas.

Las protestas, que inicialmente surgieron como un movimiento estudiantil contra las cuotas de empleo en la administración pública, se transformaron en un levantamiento nacional que demandaba la renuncia de Hasina. Según informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la represión estatal pudo haber causado hasta 1.400 muertes y más de 25.000 heridos.

Hasina, quien reside actualmente en un exilio autoimpuesto en Nueva Delhi, India, no estuvo presente en el tribunal y calificó el proceso como “parcial y con motivaciones políticas”. A través de su partido, la Liga Awami, rechazó los cargos y denunció irregularidades en el debido proceso.

Acusaciones y réplica de Hasina

La antigua jefa de gobierno se enfrentó a cinco acusaciones fundamentales, entre ellas la instigación a la muerte de manifestantes, la orden de ejecuciones y el empleo de armamento mortífero, drones y aeronaves para sofocar las manifestaciones. Hasina rechazó categóricamente cualquier implicación, sosteniendo que los fallos judiciales fueron dictados por un tribunal «parcial» y dirigido por una administración carente de legitimidad democrática.

En un comunicado oficial de su partido, la Liga Awami, la ex líder aseguró: “Rechazo las demás acusaciones de violaciones de derechos humanos del Tribunal Penal Internacional por carecer igualmente de pruebas. Estoy muy orgullosa del historial de mi gobierno en materia de derechos humanos y desarrollo”.

Desde 2009 hasta su derrocamiento en 2024, Hasina gobernó Bangladesh con un liderazgo fuerte y centralizado. Bajo su mandato, el país experimentó un significativo crecimiento económico, pero su gestión estuvo marcada por denuncias de corrupción, retrocesos democráticos y violaciones a los derechos humanos, lo que generó un creciente descontento social. Analistas advierten que el veredicto de muerte podría desatar tensiones políticas antes de las elecciones nacionales previstas para febrero del próximo año.

La representación legal de Hasina elevó un recurso ante el relator especial de la ONU encargado de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, expresando inquietudes por la ausencia de garantías procesales y de un juicio justo. Paralelamente, el gobierno provisional de Bangladesh ha cursado una petición formal para la extradición de la antigua primera ministra, si bien la India no ha emitido aún una contestación oficial.

Protestas y tensión en las calles

Previo al veredicto, decenas de manifestantes se congregaron frente a la residencia en ruinas del padre de Hasina, Sheikh Mujibur Rahman, fundador de Bangladesh, en el barrio de Dhanmondi. Las imágenes difundidas por medios locales mostraron a los manifestantes prendiendo fuego en la calle y coreando consignas contra la dinastía política de la familia Hasina. Según reportes, el ejército y la policía respondieron con bastones para controlar la situación.

El pasado domingo, la ciudad de Dacca fue escenario de disturbios, con la detonación de artefactos incendiarios arrojados desde motocicletas. Las medidas de seguridad se intensificaron, con la presencia de vehículos blindados y personal antidisturbios protegiendo las principales sedes gubernamentales, y el despliegue de unidades de respuesta rápida y efectivos de la guardia fronteriza.

El vástago de Hasina alertó que los seguidores de la Liga Awami podrían impedir los comicios si no se revocaba la proscripción del partido, indicando que las manifestaciones podrían tornarse violentas. “No consentiremos que se realicen elecciones sin la Liga Awami. Nuestras movilizaciones se agudizarán progresivamente y actuaremos según sea necesario. Si la comunidad internacional no intercede, es probable que surjan conflictos en Bangladesh”, afirmó.

Trayectoria política de Hasina

La vida de Sheikh Hasina está profundamente ligada a la historia de Bangladesh. Hija mayor de Sheikh Mujibur Rahman, presenció desde muy joven la lucha por la autonomía bangladesí frente a Pakistán. Tras el golpe militar de 1975, en el que fueron asesinados su padre, su madre y tres hermanos, Hasina y su hermana se vieron forzadas al exilio.

Regresó a Bangladesh en 1981 para asumir el liderazgo de la Liga Awami, el partido de su padre, y se convirtió en primera ministra por primera vez tras ganar las elecciones de 1996. Posteriormente, regresó al poder en 2008 y gobernó hasta 2024, consolidando un liderazgo que combinó desarrollo económico con autoritarismo político.

Durante su administración, Hasina enfrentó críticas por inclinarse hacia un modelo de partido único y por acciones que restringían la libertad de prensa, la disidencia política y la participación ciudadana. La aplicación de normativas de ciberseguridad posibilitó al gobierno suprimir la expresión digital, resultando en el arresto de periodistas, activistas y artistas, además de acusaciones de detenciones injustificadas y maltrato.

A pesar de las objeciones, Hasina consiguió sortear numerosas manifestaciones a lo largo de su mandato, hasta que la revuelta del año anterior, impulsada por la generación Z, forzó su destitución y la llevó al exilio en la India. En la actualidad, gran parte de sus parientes y dirigentes de su formación política residen fuera del territorio nacional.

Contexto económico y social

Durante la administración de Hasina, Bangladesh logró un desarrollo económico considerable, evidenciado en la modernización de su infraestructura, el progreso educativo y la disminución de la pobreza. No obstante, este progreso económico coexistió con denuncias de corrupción extendida y una centralización del poder. La opacidad en la gestión y las restricciones a las libertades democráticas provocaron una insatisfacción pública que culminó en las protestas estudiantiles que precipitaron el término de su gestión.

El alzamiento del año anterior puso de manifiesto la fricción entre los habitantes y una administración que, a juicio de muchos, ignoraba las exigencias de la ciudadanía. La utilización de cuerpos de seguridad para sofocar manifestaciones pacíficas desencadenó una emergencia humanitaria con un alto saldo de afectados, aspecto crucial en la sentencia contra Hasina.

El tribunal consideró que la ex primera ministra tenía responsabilidad directa en la violencia, no solo por órdenes explícitas, sino también por omisión ante los abusos perpetrados por las fuerzas del orden. Este precedente judicial refleja un intento de establecer rendición de cuentas frente a graves violaciones de derechos humanos en Bangladesh.

Reacciones y perspectivas políticas

La resolución judicial contra Hasina ha provocado una atmósfera de división en la nación. Por una parte, los seguidores del gobierno provisional, encabezado por el galardonado con el Nobel Muhammad Yunus, opinan que los procedimientos judiciales son fundamentales para restablecer la credibilidad ciudadana y robustecer las estructuras democráticas. Por otra parte, los defensores de Hasina desestiman las acciones legales, viéndolas como impulsadas por intereses políticos y concebidas para apartarla de la participación política.

Mientras la Liga Awami permanece suspendida de toda actividad política, el Gobierno interino enfrenta el desafío de organizar elecciones seguras y garantizar la estabilidad antes de los comicios previstos para febrero. La tensión social y política, sumada a las amenazas de protestas violentas, constituye un riesgo significativo para la gobernabilidad y el orden público en el país.

El escenario internacional también observa con atención la situación, dado que la extradición de Hasina desde India y la legitimidad del tribunal han sido temas de debate diplomático. La comunidad internacional ha expresado preocupación por la seguridad de los derechos humanos y la necesidad de garantizar un proceso judicial justo y transparente.

La sentencia de muerte impuesta a Sheikh Hasina representa un momento crucial en el devenir político de Bangladesh, un país cuya evolución ha estado marcada por la compleja interacción entre el progreso económico, las tendencias autoritarias y el respeto a los derechos fundamentales. Este veredicto subraya la relevancia de la justicia en situaciones de delitos contra la humanidad y la necesidad de exigir responsabilidades, si bien también introduce un elemento de inestabilidad en el panorama político venidero.

La vida de Hasina, desde la tragedia familiar hasta su liderazgo autoritario, ilustra los desafíos de la política en una nación joven y compleja. Con la Liga Awami suspendida y el Gobierno interino buscando consolidar la gobernabilidad, Bangladesh enfrenta un período de tensión mientras se acerca la fecha electoral. Los próximos meses serán cruciales para determinar si el país puede equilibrar justicia, democracia y estabilidad social frente a uno de los casos políticos más emblemáticos de su historia reciente.

Por Víctor Rodriguez

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