domingo, abril 21

Meloni resucita su cruzada contra las ONG de rescate a migrantes | Internacional

Giorgia Meloni ha roto la fugaz tregua que parecía haber alcanzado con las organizaciones no gubernamentales (ONG) de salvamento humanitario y ha vuelto a la carga contra ellas por rescatar a migrantes en el Mediterráneo. La primera ministra italiana ha reactivado las sanciones y las multas contra los barcos de estas organizaciones, después de haberles pedido ayuda para asistir a las personas que quedaban a la deriva en el mar. Roma recurrió a ellas en las últimas semanas debido a un aumento del número de llegadas, ante las que los guardacostas italianos, sin medios humanos y técnicos suficientes, no daban abasto para gestionar solos la situación.

En los últimos días, el Gobierno liderado por la ultraderechista ha inmovilizado administrativamente a tres barcos de diferentes ONG, que ahora tendrán que permanecer en puerto 20 días, en una medida que ha sido muy criticada por la oposición. Además, las ONG deberán pagar una multa por actuar, supuestamente, al margen de la nueva ley italiana que regula las operaciones de salvamento, a pesar de que las propias autoridades les hayan dado instrucciones en repetidas ocasiones que contradicen esa normativa.

Las sanciones impuestas recientemente a las ONG en los últimos días han sido muy criticadas por la oposición. La secretaria del Partido Democrático, Elly Schlein, ha acusado al Gobierno de Meloni de “haber convertido la solidaridad en un delito” y de actuar de manera “inhumana”. “Multan a las ONG porque han salvado a demasiadas personas en el mar, ¿qué iban a hacer con las demás [por los segundos y terceros rescates], dejar que se ahogaran?”, ha lanzado la líder de la oposición. La primera ministra ha respondido señalando que su Ejecutivo se limita a “aplicar leyes y principios que siempre han existido en todos los Estados, porque no está permitido facilitar la inmigración ilegal y favorecer directa o indirectamente el tráfico de seres humanos”.

Es el caso de la ONG española Open Arms. En agosto, su barco ha participado en numerosas operaciones coordinadas por la Guardia Costera italiana y ha realizado rescates múltiples, es decir, ha socorrido a varias embarcaciones en la misma travesía antes de dirigirse a puerto, siguiendo indicaciones de las autoridades marítimas italianas. Aunque el reglamento aprobado por Meloni a inicios de año dice justo lo contrario: que debe realizarse un único operativo por travesía para regresar a puerto inmediatamente después.

Embargo y multa a Open Arms

El Ejecutivo italiano ha impuesto esta semana a la ONG un embargo administrativo de 20 días para el barco y una multa de hasta 10.000 euros por sacar del mar a 196 personas en tres operaciones diferentes durante su última misión. La organización se ha defendido asegurando que después del primer salvamento, cuando se dirigían al puerto asignado por Italia, que se encontraba a cuatro días de navegación, recibieron un aviso que alertaba de dos embarcaciones en peligro cerca de su posición y se dirigieron al lugar.

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Al poco tiempo, Italia les pidió que abandonaran la búsqueda y continuaran hacia el puerto, alegando que “las autoridades competentes estaban encargándose del caso”. El barco español afirma en un comunicado que preguntó detalles como la hora de llegada de la asistencia y, al no obtener respuesta, se dirigió a la posición en la que se encontraban las barcazas en peligro, siguiendo “lo exigido por los convenios internacionales y el derecho marítimo internacional”. Al llegar, socorrió a 132 personas. “En las más de dos horas que duró el rescate no se presentó allí ninguna autoridad, confirmando que una vez más eran vidas abandonadas a la deriva”, reprocha la ONG. Y denuncia que, durante el último mes, “el mismo remolcador ha salvado en varias operaciones a 734 personas y ha prestado asistencia a otras 540, todo bajo la coordinación directa de la Guardia Costera italiana”.

Hace unas semanas, los guardacostas italianos, ante decenas de embarcaciones precarias cargadas de migrantes en apuros en alta mar e “incapaces de atender solos todas las demandas de auxilio” pidieron ayuda a la ONG española, que siguiendo sus instrucciones llevó a cabo siete operaciones de rescate y 18 de asistencia en un solo día. “Las embarcaciones humanitarias quedan a merced de decisiones arbitrarias y completamente inconstitucionales, en ocasiones actuando en reemplazo de la Guardia Costera y en otras como objeto de multas y detenciones”, ha protestado la ONG. Y ha criticado también la normativa de Meloni y sus contradicciones. “Un decreto que obstaculiza el salvamento de vidas no puede ser considerado legítimo. Esta afirmación es aún más cierta cuando es reiteradamente transgredido por las mismas autoridades que deberían velar por su cumplimiento”, ha dicho.

En 2023, las llegadas de migrantes a Italia a través del mar Mediterráneo han registrado un repunte considerable. Hasta el 24 de agosto, llegaron 106.000 personas, más del doble que en el mismo periodo de 2022 y casi el triple que en 2021. Entre junio y agosto, las ONG habían llevado a cabo decenas de operaciones que, de forma un tanto inesperada, habían sido solicitadas por las propias autoridades italianas, probablemente obligadas por las circunstancias críticas y el volumen de llegadas.

El cambio de enfoque del Gobierno italiano es evidente. Tanto que tuvo que negar que se tratara de una colaboración sistemática con las ONG. El subsecretario de Interior, Nicola Molteni, aclaró que la cooperación con los barcos humanitarios representaba solamente “casos aislados”, que se habían producido “una, dos o como máximo tres veces” y que “no son ni se convertirán en regla”.

En los últimos días, el Ejecutivo que encabeza Meloni parece haber vuelto a aplicar estrictamente las leyes con el objetivo de disuadir a las ONG.

Las autoridades han confiscado también el barco Aurora, de la ONG alemana Sea Watch, que deberá pagar una multa de entre 2.500 y 10.000 euros después de desembarcar a 72 personas en el puerto de Lampedusa, contraviniendo las instrucciones del Gobierno, que le había asignado el puerto de Trapani, en Sicilia. La ONG advirtió de que les resultaba imposible llegar hasta allí, ya que no tenían agua, ni comida, ni carburante suficiente. Entonces, Roma les indicó que se dirigieran a Túnez, un lugar que no se considera puerto seguro, que carece de sistema de acogida, donde se han registrado persecuciones y deportaciones y donde las organizaciones denuncian que no se respetan los derechos humanos de los migrantes.

La portavoz de esta ONG, Giorgia Linardi, señala en un artículo publicado por el diario La Stampa que el bloqueo de los barcos de las ONG es “un mero movimiento propagandístico” del Gobierno, “utilizado como arma de distracción masiva por la incapacidad de frenar las salidas, como habían anunciado durante la campaña electoral”. Recuerda también que “solo el 4,5% de las personas que han desembarcado en 2023 fueron auxiliadas por ONG”. Y apunta: “El Gobierno lo sabe, pero le preocupa que, tras ensalzar el bloqueo naval contra los migrantes, se registre ahora el pico de llegadas más alto en años, a pesar de un Ejecutivo hiperactivo en materia migratoria, con una sucesión de iniciativas nacionales y supranacionales, que, por ahora, se han quedado en papel mojado”.

Las autoridades italianas también han sancionado con 20 días de detención y 3.000 euros de multa al barco de la ONG alemana Sea-Eye después de desembarcar a 114 personas en Salerno recogidas de tres operaciones. “Si no lo hubiéramos hecho, la gente habría perdido la vida” ha explicado en un comunicado Gorden Isler, presidente de la organización. Además, ha denunciado que cuando llegaron a la zona del tercer rescate encontraron a cuatro migrantes que habían perdido el conocimiento dentro de la precaria embarcación en la que viajaban. “Para las autoridades no son razones suficientes. Más de 2.100 personas han muerto ya este año al intentar cruzar el Mediterráneo para buscar refugio en Europa”, ha protestado Isler.

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